Robo de cables eléctricos sigue al alza: Enel Distribución reporta más de 800 casos en la RM y costos alcanzan cerca de $ 2.900 millones
Esto representa un incremento de casi 10% en comparación con los 759 casos del año anterior. Se estima que se extrajeron cerca de 68 toneladas de cables eléctricos, equivalentes a 64 kilómetros de red. Los robos de cables de baja y media tensión perjudicaron a más de 266 mil clientes.
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Un delito que solo va en ascenso. Enel Distribución dio cuenta este martes que el robo de cables eléctricos para extraer cobre es una práctica delictual que ha ido en aumento en los últimos años, registrándose 827 casos durante 2023 dentro de su zona de concesión en la capital, lo que representó un aumento de casi 10% en comparación con los 759 casos el año anterior. Así, entre enero y diciembre del año pasado, se sustrajeron alrededor de 68 toneladas de conductores, lo que equivale a más de 64 kilómetros de red.
Según detalló en un comunicado, lo anterior significó para la compañía destinar cerca de $2.900 millones a atención de fallas y restitución de cables. La comuna más afectada por los robos de cables en 2023 fue Santiago con 351 casos reportados. Le siguen Recoleta con 188, y Providencia con 48. Como resultado, la firma estima que los robos de cables de baja y media tensión perjudicaron a más de 266 mil clientes.
Enel indica que los robos de cables afectan la continuidad y estabilidad del suministro al originar variaciones de voltaje, interrupciones de servicio y descargas eléctricas que ponen en serio riesgo a los clientes electrodependientes, y además al personal técnico que realiza el mantenimiento de las redes de distribución, como a los responsables de este tipo de delitos. De hecho, durante 2023, precisan que cuatro personas fallecieron tratando de cometer estos ilícitos.
Cuando ocurren este tipo de situaciones, explicó la firma, las protecciones de seguridad de la red funcionan de manera automática, cortándose inmediatamente la corriente al momento de detectar este tipo de accidentes. Sin embargo, señalaron que la gran intensidad de la descarga eléctrica muchas veces provoca un desenlace fatal para quien manipula la red, muchas veces sin los conocimientos ni las protecciones necesarias.
Acciones de la empresa
En el escrito, el gerente general de Enel Distribución, Víctor Tavera, aseguró que les preocupa el aumento asociado al robo de cables eléctricos, "no solo porque afecta la calidad del servicio eléctrico de la comunidad, sino porque se trata de acciones delictuales que implican un grave riesgo para las personas, ya sean vecinos, nuestros trabajadores en terreno o los propios autores de estos ilícitos".
"Como empresa, no podemos evitar directamente estos delitos, sin embargo, realizamos acciones para limitarlos resguardando nuestras instalaciones y manteniendo comunicación permanente con autoridades. Creemos en la importancia de que exista una ley específica orientada a evitar la compra y venta de cobre proveniente del robo de cables y que se haga cargo de las consecuencias negativas que provoca”, enfatizó el ejecutivo.
La compañía puntualizó que, para intentar reducir la afectación por este tipo de hechos, Enel Distribución mantiene comunicación directa con distintos municipios y Carabineros de Chile y, además, participa en una mesa de trabajo con autoridades especialmente enfocada en esta problemática.
Desde el punto de vista legal, detallaron que la compañía participa activamente en la investigación de este tipo de delitos, aportando evidencia para identificar a sus autores. Durante los últimos 12 meses, Enel Distribución presentó 430 querellas y denuncias relacionadas con este ilícito, lo que ha permitido entregar antecedentes que pueden ayudar a su persecución criminal.
De hecho, gracias a esto, destacaron que se lograron cinco sentencias condenatorias en los últimos seis meses, que van desde los 61 días de pena remitida, hasta casos en que el imputado ha sido condenado a 541 de cárcel efectiva.
Asimismo, para resguardar sus instalaciones, la compañía informó que cuenta con un plan de reparación, sellado y cambio de tapas de cámaras de media y baja tensión, de manera de prevenir los ilícitos. Esto se complementa -agregaron- con medidas ya existentes, como un sistema electrónico de monitoreo y control de acceso a las bóvedas, entre otros.